La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) considera justa la movilización sindical por el respeto de los derechos laborales, la mejora de las condiciones de trabajo, el aumento de las pensiones y la lucha por la igualdad. Coincide con las organizaciones de los trabajadores en la urgencia de colocar las cuestiones sociales en el centro de la agenda política y el debate público.

La Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) ha mantenido conversaciones con las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, con las que comparte su preocupación por las personas trabajadoras y las familias atrapadas, independientemente del ciclo económico, en la pobreza laboral y en la precariedad; por la degradación de las condiciones y el sentido del trabajo; y por el aumento de las desigualdades en nuestra sociedad, que necesitan ser atendidas y a las que no podemos ser indiferentes.

Para este movimiento de Acción Católica especializada, integrado por trabajadoras y trabajadores cristianos, una buena política ha de atender prioritariamente las necesidades de los trabajadores empobrecidos y descartados, y ha de estar orientada al desarrollo de la justicia social, cuyos pilares esenciales son la defensa y promoción del trabajo decente y la protección social para quienes no se les garantiza un empleo[1]. De ahí que valore la movilización sindical, cuyo objetivo es el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la patronal y con el Gobierno en relación a:

La negociación Colectiva

El IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva suscrito con los empresariales recoge, entre otras materias, el establecimiento del salario mínimo de convenio de 1.000 euros al mes y aumentos salariales de hasta el 3%. Se trata de un importante cambio de tendencia en la política salarial: se han pactado incrementos salariales superiores a la previsión de inflación para recuperar progresivamente los salarios, incidiendo especialmente en los más bajos.

La recuperación de derechos, los estímulos para el empleo y las pensiones

Los logros del diálogo con el Gobierno de España están sirviendo para recuperar derechos perdidos después de la última reforma laboral y cambiar algunas de las lógicas que condicionan el sistema de protección social. Además de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ya en vigor, se ha acordado la recuperación de las prestaciones para parados de más de 52 años, medidas de impulso al empleo juvenil, la recuperación de la continuidad de los convenios, en ausencia de nuevos pactos, la prevalencia del acuerdo sectorial sobre el de empresa y el establecimiento del control de la jornada laboral para combatir la utilización fraudulenta del contrato a tiempo parcial. También el Gobierno se comprometió a revalorizar las pensiones en función del incremento de los precios y revisar la fórmula de sostenibilidad del sistema y aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Los sindicatos además piden medidas presupuestarias para un pacto estructural por la igualdad y contra la violencia de género.

El diálogo social

Los representantes de los trabajadores no comparten esta inacción para acometer los  cambios sustanciales en los derechos sociales y laborales. El diálogo social desarrollado y sus acuerdos fortalece la calidad democrática del país y con ello, el empeño de los trabajadores y las trabajadoras en que la agenda social, las prioridades de la mayoría de la ciudadanía, ocupen el centro del debate social y político, al margen de las controversias territoriales e identitarias que dominan la agenda política y ocultan la gravedad de la situación social.

El papa Francisco clama por un diálogo auténtico entre actores protagonistas del ámbito político y socioeconómico para que eleven su mirada y amplíen sus perspectivas, «les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres (...) y que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos»[2].

Este es un diagnóstico compartido por la HOAC, por lo que coinciden en la urgencia y necesidad de adoptar las medidas acordadas, por más que no sean todas las que hacen falta, pero ayudan a paliar la situación de las familias trabajadoras a las que no alcanza la recuperación del crecimiento económico. Es una oportunidad de comenzar a impulsar un giro en la orientación de políticas para que se encaminen hacia la justicia social.