¡Acuerdo! (Deal!). Eran las 5:30 de la madrugada del martes 21 de julio cuando la cuenta de Twitter del presidente de la Consejo Europeo, el belga Charles Michel, expresaba este hito de la Unión Europea. Finalizaba una de la cumbres más largas -y a todas luces- más tensas y difíciles de los líderes de la Unión, para concluir con un consenso “símbolo de unidad y fortaleza” de los 27: un fondo de recuperación y un marco financiero plurianual de siete años que ayudará a los Estados de la UE a afrontar la mayor crisis de su historia.
Las consecuencias socioeconómicas de la crisis COVID-19, con una caída de la economía de más de 8,3 % este año y con alrededor de 45 millones de trabajadores y trabajadoras cuyos empleos dependen de esta inversión; 14,3 millones de personas desempleadas de forma permanentes; 2 millones de trabajadores con contratos de muy corto plazo expuestos al desempleo, según estimaciones de la Confederación Europea de Sindicatos, requieren de compromisos políticos y financieros extraordinarios que permitan sanar estas heridas y preparar el rumbo de la próxima década.
El acuerdo
El Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, dotado de 1,1 billones de euros, que pretende cumplir objetivos a largo plazo en determinadas áreas de gasto: mercado único, innovación y digital; cohesión, resiliencia y valores; recursos naturales y medio ambiente; migración y gestión de fronteras; seguridad y defensa; Administración pública europea, etc. Destacando la lucha contra el cambio climático al concretarse el destino del 30% de este marco financiero en proyectos que permitan alcanzar los objetivos de neutralidad climática (2050), la agenda 2030 y el Acuerdo de París. Es la hoja de ruta de la UE para este cambio de época.
Y el Fondo de Recuperación que permitirá abordar los desafíos planteados por la pandemia COVID-19. Dotado de 750.000 millones de euros y distribuidos en 390.000 millones para subvenciones a los Estados miembros y 360.000 millones de euros en préstamos. Estos fondos pueden utilizarse para préstamos consecutivos y para gastos canalizados a través de los programas MFP destinados a determinadas políticas como es el caso del Fondo de Recuperación y Resiliencia (RFF), entre otros programas. Este fondo asegura que el dinero vaya a los países y sectores más afectados por la crisis: el 70% del montante se compromete en el próximo año 2021 y el siguiente, 2022; y el 30% quedará para 2023. Las asignaciones del RRF en 2021-2022 se establecerán teniendo en cuenta los niveles de vida y de desempleo de los Estados miembros. Para las asignaciones de 2023, el criterio de desempleo será reemplazado por la caída del PIB en 2020 y 2021.
Diálogo social, Comisión de Reconstrucción y Presupuestos Generales de Estado
El acuerdo señala que los Estados tendrán que preparar planes de recuperación y resiliencia para 2021-2023, necesarios para impulsar el crecimiento y el empleo y reforzar la “resiliencia económica y social” de los países de la UE. En este sentido, es importante destacar tres situaciones políticas en España. De un lado, el vigor y el compromiso establecido en el Diálogo Social con el reciente Pacto por la reactivación económica y el empleo, acordado el 3 de julio entre Gobierno, sindicatos y empresarios, que lo convierten en una importante pista de aterrizaje del Fondo de Recuperación de la UE. No ocurrirá lo mismo con las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica articulada en el Congreso: el acuerdo aquí será mínimo, pese a las enormes demandas laborales, sociales, económicas y de reforzar los pilares básicos del Estado de bienestar. Finalmente, la prueba del algodón será la negociación y el apoyo para plasmar unos Presupuestos General del Estado de 2021, claves en la concreción de las políticas que deberán atender las necesidades reales de reconstrucción social y económica del país.
Valoración de las organizaciones de trabajadores
Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha manifestado el acuerdo como “muy relevante” y que la financiación de este fondo se haya mutualizado en la UE, aunque la dotación “es insuficiente para los retos económicos que tiene España y la Unión Europea en los próximos años”. Para el dirigente sindical, el acuerdo “es positivo si se destina a gasto sanitario y a tejido productivo; en ningún caso debe condicionarse a políticas de recorte de gasto social o a reformas que empobrezcan a los trabajadores y trabajadoras”. Por su parte, UGT ha emitido una nota para poner “en valor el que se haya llegado, por fin a un acuerdo” aunque señala “la tardanza” debido a la actitud “egoísta, insolidaria y miope de determinados países” en clara referencia a los Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, denominados “los cuatro frugales”, adjetivo con el que se han autodenominado para mostrar los resultados de la austeridad que reflejan sus economías.
Finalmente, para la Confederación Europea de Sindicatos (CES), en una declaración realizada por su secretario general, Luca Visentini, este acuerdo es una decisión trascendental para 60 millones de trabajadores que “dependen de una inversión rápida para salvar sus empleos o evitar el desempleo a largo plazo”. El sindicalismo europeo comparte la financiación del Plan de Recuperación “a través de eurobonos” evitando así una deuda adicional para los Estados miembros. Advierte, además, que la actitud de los países “frugales” de recortar fondos y de control sobre los países más necesitados, “podría conducir a reformas estructurales anticuadas”. Vicentini, denuncia el “interés egoísta” mantenido durante el proceso de negociación al tiempo se unían para “preservar los paraísos fiscales y renunciar al respeto del estado de derecho”. El líder sindical europeo advierte que estarán vigilantes para que en el proceso de reconstrucción no se imponga más austeridad y recortes.
Fuente: https://www.hoac.es/2020/07/21/acuerdo-de-reconstruccion-en-la-union-europea/
