El Informe España 2017 de la Comisión Europea muestra el rotundo fracaso social de las políticas practicadas en España en los últimos años porque provocan una desigualdad cada vez mayor. Todos los indicadores sociales del Informe han empeorado desde 2010 hasta hoy. Así, el porcentaje de trabajadores con «empleo» en riesgo de pobreza ha pasado del 10,9% al 13,1%, el de las personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social del 26,1% al 28,6%, el de niños y niñas en esa situación del 33,3% al 34,4%, el de pobreza severa del 4,9% al 6,4%, y el coeficiente Gini (que muestra el grado de desigualdad, siendo 0 la igualdad absoluta y 100 la desigualdad absoluta) del 49,2 al 52,9.
Claro que el Informe no habla expresamente de este rotundo fracaso social al que nos referimos. Por una parte, alaba la «recuperación potente» de España, las «ambiciosas reformas» que se han hecho, incluida la reforma laboral, la estabilización de la banca, el crecimiento económico y la reducción del paro… Pero, por otra parte, además de señalar la excesiva deuda y la «frágil» situación fiscal, habla de los altos y crecientes niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social, de los problemas de un «mercado de trabajo» que tiene una de las más altas tasas de temporalidad de la UE, de los escasos beneficios sociales, del escaso apoyo a las familias… Sin embargo, la Comisión Europea no quiere establecer la relación causa-efecto, más que evidente, entre las políticas practicadas y sus efectos sociales. Hacerlo supondría decir que es imprescindible cambiar las políticas. Y no ha querido hacerlo. Las políticas europeas, como la española, están centradas en el crecimiento económico, que solo resulta beneficioso para una minoría, la de los especuladores financieros y las grandes corporaciones. Desde la perspectiva de la rentabilidad, esas políticas son exitosas, mientras que desde la perspectiva de la situación de los pobres son un fracaso, porque ambas cosas son incompatibles, por eso crece la desigualdad. No se puede servir a dos señores…
Como dijeron los obispos españoles en Iglesia, servidora de los pobres, nuestra situación es, en gran medida, el resultado de «dar prioridad a una determinada forma de economía basada exclusivamente en la lógica del crecimiento… Sin duda es el modelo mismo el que corresponde revisar» para atender a los pobres que han sido sacrificados al crecimiento económico (EG 20). Es lo mismo que planteó el papa Francisco en su discurso en el Parlamento Europeo en noviembre de 2014: «Ha llegado la hora de construir juntos la Europa que no gire en torno a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana». El problema es que no se quiere reconocer, porque eso no es rentable económicamente, algo en lo que el papa Francisco insiste constantemente, como hizo en Evangelii gaudium: mientras no se resuelvan los problemas de los pobres, acabando con el dominio de los mercados y la especulación financiera, atacando las causas estructurales de la desigualdad, no se resolverá ningún problema (EG 202) y, para ello, hacen falta políticas capaces de sanar las raíces profundas y no la apariencia de las cosas, políticas que pongan en primer lugar la vida de los pobres (EG 205).
